Nuestro País México

Pacto de Estado

Roberto Gil Zuarth

@RGilZuarth

El país no ha logrado generar un consenso fuerte y estable sobre la seguridad. Sabemos que se necesitan más y mejores policías, que debemos fortalecer al ministerio público, que es impostergable atender la crisis del sistema penitenciario. Se ha vuelto lugar común afirmar que la dependencia a la presencia de las fuerzas armadas ha generado un incentivo perverso en la construcción de capacidades civiles. No se deja de repetir que el problema central de la inseguridad se debe a que el Estado ha decidido contener el tráfico de drogas y, por tanto, que la legalización de algunas drogas, específicamente de la mariguana, es condición necesaria para la pacificación del país. Hace 6 años se insistía en que la coordinación era la panacea. Hoy, que se deben buscar rutas de desmovilización, a través de mecanismos de justicia transicional. Para otros, los énfasis deben fijarse en mayor tecnología y en intervenciones quirúrgicas para desmantelar bandas, limitar la disponibilidad de armas o cerrar los flujos del dinero ilícito. En fin, diagnósticos y propuestas van y vienen, pero las cosas siguen igual: no tenemos una hoja de ruta que nos permita lidiar con el problema, con independencia de quién gane la próxima elección

Muy probablemente el nuevo gobierno dirá que todo lo anterior no ha funcionado y que cuenta con la receta para solucionar de tajo la crisis de seguridad. La administración entrante hará sus propios diagnósticos, enfrentará su curva de aprendizaje, sustituirá mandos, cambiarán prioridades e indicadores de desempeño, propondrá sus iniciativas al Congreso, etcétera. Justo lo que pasó en el 2012: por fijar un antes y un después, se detuvo el crecimiento de la policía federal, se subordinó la agenda de seguridad a la política interior, se dejó de invertir en la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal. Es el riesgo de empezar de cero cada seis años. Es el inconveniente de entender a la seguridad no como una política de Estado, sino como una estrategia necesariamente coyuntural del gobierno en turno. 

Debemos convenir una agenda de mínimos en esta materia, bajo el objetivo de reducir sensiblemente la violencia. Y el país no puede esperar hasta el 1 de diciembre que tome posesión el nuevo gobierno. Esa agenda debe acordarse tan pronto quede resuelta la elección presidencial. En ese propósito deben concurrir necesariamente el gobierno saliente, el equipo de transición del presidente electo y los gobernadores. La prioridad de corto plazo debe ser aumentar el estado de fuerza disponible y empezar la transición hacia formas de respuesta civiles. Esto implica, inevitablemente, reordenar las responsabilidades en el marco de nuestro sistema federal a través de objetivos específicos de política criminal con perspectiva regional, aumentar el presupuesto disponible para la seguridad y un programa urgente para la generación de capacidades policiales en todos los órdenes de gobierno, con metas concretas y asequibles, pero sobre todo con premios y castigos eficaces. 

Cinco meses de transición entre administraciones pueden agudizar la crisis actual. México no puede correr el riesgo de perder tiempo, de retrocesos u ocurrencias. Necesitamos un pacto de Estado, aunque sea de carácter emergente, mientras los nuevos inquilinos del gobierno federal agarran el volante. 

Abogado 

José Luis Galindo Sosa

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