De 8 a 15 años de prisión se le podría imponer a aquellas personas que dañen algunas de las 15 mil cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).
Así lo propuso el diputado sin partido en el Congreso capitalino, José de Jesús Martín del Campo, quien precisó que los daños a estos aparatos tecnológicos se da principalmente en zonas con altos índices delictivos, manifestaciones o actos actos masivos como parte de la comisión de un delito.
Asimismo, explicó que se aplicará una pena de seis meses a cinco años de prisión, a quien, teniendo conocimiento de esta actividad no la denuncien a las autoridades correspondientes.
Apuntó que lo que propone es combatir el actuar de todas aquellas personas que buscan dañar de manera premeditada estas cámaras con el propósito de impedir su funcionamiento, a fin de que el gobierno carezca de este medio para atender sus funciones y atribuciones en materia de seguridad.
Asimismo, añadió que estas acción no solo representa un daño a la propiedad, sino también un acto que pretende dificultar la acción del gobierno o imposibilitar el cumplimiento de sus funciones.
“Las videocámaras han constituido un gran aliado en la preservación de la paz pública, la prevención de delitos, el seguimiento de delincuentes y las investigaciones del Ministerio Público”, refirió.
Detalló que este año, de acuerdo con el propio C5, durante este año han sido dañadas 43 cámaras “para evitar que sigan funcionando y puedan grabar o transmitir actos delictivos y a quienes los llevan a cabo”.
¿Qué propone la ley?
Esta propuesta busca reformar el artículo 362 y adicionar el artículo 363 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.
“Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión, a quien, teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades”, es la redacción a adicionar en el artículo 362.
Mientras que, el artículo 365 BIS refiere que se sancionará con hasta 15 años de prisión, a quien dañe las cámaras del C5.
“Se impondrán de ocho a quince años de prisión, a quien con el fin de trastornar o alterar la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y salvaguardar a la población, dañe o destruya dispositivos tecnológicos utilizados para generar, enviar, recibir, consultar o archivar información, pueden ser imágenes, sonidos y/o videos en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología que, para tal efecto, se encuentren instalados en la vía pública”, es el texto que se propone colocar.
Esta iniciativa fuer turnada a la comisión de administración y procuración de justicia para su análisis y dictaminación.
