El gobierno de Hungría, dirigido por el partido de extrema derecha nacionalista Fidesz, presentó el miércoles unos cambios legales que, de aprobarse, supondrán un veto a la adopción por parte de las parejas del mismo sexo, lo que ha indignado a la comunidad LGBT+.
La ministra de Justicia, Judit Varga, propone incluir en una enmienda constitucional que «la madre es mujer, el padre es varón» y que Hungría garantiza el desarrollo del niño de acuerdo con su género al nacer.
Varga justificó la propuesta asegurando que la enmienda es necesaria porque «las nuevas ideas del mundo occidental ponen en peligro el derecho de los niños a un desarrollo sano«, sin especificar qué tipo de ideas son esas.
Por ello, según la titular de Justicia, también se incluirá en la Carta Magna la garantía de que los niños recibirán una educación basada en valores cristianos. De forma paralela, un proyecto de ley también presentado ahora establece que la adopción solo pueden ejercerla los matrimonios heterosexuales.
El gobierno de Viktor Orbán, en el poder desde 2010, ya estableció en la Constitución, que redactó en solitario y que entró en vigor en 2011, la defensa del modelo tradicional de familia.
«Hungría defiende la institución del matrimonio, como la unión contraída voluntariamente por un varón y una mujer», dice el texto de 2011, excluyendo así el matrimonio entre personas del mismo sexo. En esa Constitución se establece a «la familia y la nación como el marco principal de la convivencia«, y se define a la familia como «la base para la supervivencia de la nación».
La Carta Magna de Hungría ha sido criticada por diversos expertos por romper el principio de neutralidad ideológica de las constituciones modernas, incluida la Unión Europea en que los tratados establecen que el eurogrupo luchará contra toda discriminación por razón de orientación sexual.
Fidesz y Viktor Orbán; hegemonía de década
En Hungría el matrimonio de parejas del mismo género no está autorizado, pero sí la unión registrada, aunque con derechos muy limitados en comparación con los matrimonios heterosexuales. Para esas parejas la adopción actualmente es posible de forma individual.
Una estigmatización y exclusión en medio de la Europa progresista
En un comunicado, la Sociedad Háttér, de defensa de los derechos LGBT+, afirmó que la exclusión de las parejas homosexuales de la institución del matrimonio «va en contra de los principios internacionales y europeos».
«El proyecto de ley estigmatiza a las parejas del mismo sexo que educan hijos y a las personas transexuales, mientras que hace imposible la adopción individual», subrayó.
La organización subraya que, de aprobarse estos cambios, se hace imposible la adopción para quien no viva en matrimonio y que solo habrá excepciones si la ministra de Políticas Familiares así lo decide de forma personal en cada uno de los casos.
Algunos analistas apuntan que estos cambios legales forman parte de una estrategia del gobierno para garantizarse la adhesión de sus bases a medida que la pandemia golpea la economía, con la vista puesta en las elecciones de 2022.
El discurso contra la comunidad LGBT+ del gobierno y del Fidesz ha subido de tono en los últimos dos años. En mayo de 2019 el presidente del Parlamento húngaro, el ultraconservador László Kövér, comparó a los homosexuales que quieren adoptar a niños con pedófilos. Meses después, un diputado del Fidesz inició una campaña contra Coca-Cola porque en sus carteles aparecían parejas del mismo sexo.
El último escándalo explotó cuando la diputada del partido de extrema derecha, Mi Hazánk (Nuestra Patria), Dóra Dúró destruyó públicamente un libro de cuentos protagonizado por minorías sociales, sexuales y étnicas. Uno de los versos de este libro trata la historia de cómo se casaron dos príncipes, lo que causó el rechazo de la diputada.
«Hungría es un país tolerante y paciente con la homosexualidad, siempre que dejan en paz a nuestros hijos», afirmó Orbán al hablar sobre el caso de la destrucción del libro.
El informe anual de 2020 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) revela un empeoramiento de la situación y se encuentra en el puesto 27 de un total de 49 países europeos en el índice que valora la situación legal las comunidades LGBT+, en que se incluye a Polonia.
dmr
