Una juez federal otorgó una suspensión definitiva a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual frenó por tiempo indefinido la realización de la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarlo, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó la medida cautelar, luego de que el quejoso aseguró que la FGR busca imputarlo de un delito, cuando enfrenta un proceso por el mismo hecho que se le quiere adjudicar.
La audiencia estaba programada hoy en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.
En octubre, la misma juez concedió otra suspensión definitiva a González Tiburcio y ordenó suspender el proceso que enfrenta el ex subsecretario por el presunto delito de falsedad de declaraciones, relacionado con un desvío de 185 millones de pesos.
González Tiburcio fue funcionario cercano a la ex titular de la Sedesol y de Sedatu, Rosario Robles Berlanga. En la Secretaría de Desarrollo Social fue su coordinador de asesores; cuando la secretaria fue nombrada titular de Desarrollo Agrario, él fue designado subsecretario.
En el caso de falsedad de declaraciones, González Tiburcio se amparó contra la resolución emitida el 31 de agosto de este año, cuando en audiencia Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, rechazó cancelar su proceso.
Enrique González pidió el sobreseimiento del caso porque la Fiscalía General de la República no presentó la acusación formal en el plazo que tenía para hacerlo, es decir, 15 días que marca la ley.
Sin embargo, el juzgador consideró que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) otorga un plazo similar para que el titular de la FGR o el funcionario a quien haya delegado esa facultad puedan presentar la acusación.
La juez Sandra Leticia Robledo determinó primero pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, si concede el amparo o no al ex subsecretario.
El caso de Enrique González guarda relación con un presunto convenio irregular con la Universidad Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, en el cual se le atribuyó haber contratado ilegalmente servicios estadísticos que no fueron cumplidos, en perjuicio de la Sedatu por 185 millones 839 mil 480 pesos.
No obstante, tanto el ex subsecretario como al ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, declararon que, en junio de 2017, cuando se enteraron de la existencia de los convenios, presentaron denuncias ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
FLC
