El ritmo al que fluyen la información y las noticias es vertiginoso. Dar seguimiento puntual de los acontecimientos que marcan la vida pública es una tarea que pocas personas pueden realizar, puesto que requiere suficiente tiempo libre para poder acceder y contrastar distintas fuentes.
Si lo anterior no fuera por sí mismo excluyente, el lenguaje en el que se mueven algunos acontecimientos -muchas veces cargados de tecnicismos ajenos a la ciudadanía de a pie- hace que el interés en agendas como las designaciones que se hacen en el Congreso, sean en términos mediáticos, poco jugosos.
Es, por las razones antes expuestas, hasta que un atropello está consumado que el interés ciudadano se fija en estos temas. Sin embargo, es vital monitorear estos sucesos.
El 19 de junio de este año sucedió uno de estos actos en contra del interés común: a las 02:27 horas estaban rindiendo protesta una consejera juez, una consejera y un consejero ciudadanos del Consejo de la Judicatura que tiene tres funciones básicas en relación con la administración de justicia: administración, vigilancia y disciplina.
El proceso venía antecedido de una reforma al Poder Judicial y de nuevas reglas para las convocatorias que esta misma Legislatura aprobó en 2019 y que significarían, de acuerdo con diversas declaraciones de diputadas y diputados recogidas por medios locales, un cambio importante en los mecanismos de designación.
No obstante, el proceso comenzó a hacer agua después de que de 61 aspirantes que asistieron a hacer el examen, únicamente obtuvo calificación aprobatoria Rosa Imelda Hernández Muñoz.
Después de una revisión de los reactivos, algunos fueron anulados y otros corregidos, lo que generó un nuevo dictamen en el que más personas eran elegibles. De lo anterior y como antesala de un movimiento que tenía por objeto imponer a sus amistades en los cargos, los grupos parlamentarios mayoritarios optaron por hacer elegibles al 100% de aspirantes. Unas horas más tarde terminarían eligiendo a personas con calificación reprobatoria.
Producto del descontento generado en la sociedad, Rosa Imelda Hernández Muñoz y Jesús Alberto López Peñuelas elaboraron una iniciativa orientada a terminar con este tipo de prácticas, misma que fue presentada a la sociedad como #SinCuatesNiCuotas.
Rosa Imelda encabezó la iniciativa popular para presentar dicha propuesta al Congreso y, con el respaldo de la entonces agrupación política y ahora partido Hagamos, se lograron recolectar más de 30 mil firmas ciudadanas. Lamentablemente, hoy sigue atorada por la falta de instalación del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, instancia fundamental en el proceso de activación de los mecanismos de participación ciudadana.
Paralelamente, la misma iniciativa está atorada en las comisiones del Congreso después de que la diputada Mara Robles y el diputado Enrique Velázquez la ingresaran como propia, siendo los únicos que aceptaron una invitación pública y aunque ya no afectaría a la convocatoria en curso para aspirantes a magistradas y magistrados, es vital que se apruebe.
Esta legislatura puede redimirse y pasar a la historia como aquella que le legó a Jalisco una Ley de Designaciones que promoviera el mérito como eje central en la toma de estas decisiones.
A la ciudadanía, con las limitantes antes expuestas, le toca vigilar que el proceso no se haga en lo oscurito y exigir que los cargos se dejen de repartir como si fueran chocolates. Hagámoslo porque es vital para nuestra democracia.
