En un inesperado e histórico giro, la Fiscalía de Estados Unidos decidió retirar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero fincados en contra del general Cienfuegos, ex secretario de Defensa, y regresarlo a México con un argumento insólito presentado por el fiscal de ese país al juez: el interés de procesar al militar fue superado por el “interés más amplio” de mantener la cooperación entre las fuerzas del orden de ambas naciones. En otras palabras, los intereses políticos superan al interés por hacer justicia. Un éxito para el gobierno mexicano aparentemente, aunque entraña delicadas preguntas hacia atrás y hacia adelante.
¿Por qué intervino el gobierno mexicano en favor de un ex secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos, y no en favor de un secretario de Seguridad de Felipe Calderón, ambos detenidos en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero? La respuesta formal es que el militar es ciudadano mexicano, reside en nuestro país, los delitos presuntamente cometidos tuvieron lugar en nuestro territorio y solicitó el apoyo del servicio consular mexicano durante su detención. Por el contrario, García Luna nunca solicitó ese apoyo, es residente de Estados Unidos y parte del lavado de dinero que se le atribuye tuvo lugar en aquel país. Parecerían elementos válidos, pero resulta inevitable preguntarnos si no entran otras consideraciones en juego: García Luna no tiene detrás a las fuerzas armadas, su reputación ante la opinión pública ya era bastante turbia antes de la detención y ciertamente fue miembro del gobierno de Calderón, la administración contra la que AMLO y los suyos guardan más agravios.
¿El extrañamiento que hizo México a Estados Unidos por esta aprehensión fue resultado de la presión que hicieron las fuerzas armadas sobre López Obrador? Imposible saberlo a ciencia cierta, pero no es un secreto la incomodidad que esto generó en la cúpula militar del país. Cienfuegos no solo había sido el jefe de todos ellos durante seis años, también gozaba de una buena imagen como funcionario público y no se le conocía un patrimonio desproporcionado ni hábitos de vida suntuarios. Que los motivos de la DEA para solicitar su procesamiento fuesen declaraciones vagas de algún testigo protegido indignó a muchos generales. Con toda probabilidad los militares hicieron saber su molestia al Ejecutivo nacional. Abona a esta tesis el hecho de que la primera reacción del Presidente, en la sesión mañanera, fue poco empática con la situación del general. Si bien afirmó que los delitos tendrían que probarse, no resistió la tentación de hacer una extensa crítica a las administraciones anteriores por la podredumbre que mostraban las detenciones de sus altos funcionarios. También reveló que nunca aceptó los candidatos que Cienfuegos propuso como relevo en la Secretaría de la Defensa, en claro intento de desvincular al mando actual de lo que sucediera con el general acusado de corrupción. Pero unos días después el Presidente ya había cambiado el tono y pedía más información antes de anticipar cualquier juicio. Seis días más tarde el Canciller Marcelo Ebrard hizo saber al embajador el descontento del gobierno mexicano por no haber sido informado de la investigación ni la captura. Una semana después, en total tras 14 días del encarcelamiento del militar un 15 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó un reclamo formal a la embajada de Estados Unidos por la acción unilateral de parte de sus autoridades.
¿La devolución del general fue el precio pactado a cambio de que el gobierno de México no reconociera el triunfo de Biden en las elecciones de Estados Unidos? Difícilmente puede sostenerse esta tesis, muy difundida en redes sociales. La molestia del gobierno mexicano fue trasmitida a Washington varios días antes de las elecciones. En realidad, al margen de los documentos oficiales, lo más importante de este affaire transcurrió en dos llamadas telefónicas personales entre el Canciller y el Fiscal general de Estados Unidos, William Barr. La primera tuvo lugar el día 26 de octubre; es absurdo suponer que ocho días antes de la jornada electoral se estuviese negociando el reconocimiento o no a Biden. En la segunda llamada, ocurrida el 6 de noviembre, tres días después de las elecciones, y en la cual pudo haberse hecho la propuesta de hacer retornar al general, el tema del reconocimiento era irrelevante porque para entonces AMLO ya había hecho saber que su posición era irreversible y que no habría otro pronunciamiento hasta que las autoridades estadounidenses hicieran una declaratoria oficial. En esta segunda conversación, Marcelo Ebrard, según su propia versión y difícilmente conoceremos otra porque no hay grabación de esta llamada, habría informado al Fiscal estadunidense que el expediente de la DEA, en la que se sustentaba la acusación a Cienfuegos, había sido entregado a la justicia mexicana y que esta daría seguimiento y, de ser el caso, sometería a juicio al militar. No está claro si ese dato constituía una especie de promesa para pedir el desistimiento de la fiscalía de allá a cambio de ser retomada por la fiscalía de acá.
¿El gobierno de Estados Unidos cedió a Cienfuegos a cambio de mayores facultades de la DEA en suelo mexicano o ante la amenaza de México de suspender la actividad de esta agencia? Lo primero es poco probable, considerando que las acciones de la DEA en México (el número de agentes, sus facultades y atribuciones) están reguladas por acuerdos formales. Pero lo segundo no es del todo descartable. Quizá no tuvo que ser expresado literalmente como una amenaza de suspensión, pero no hay duda de que Ebrard habría planteado la dificultad de mantener una confianza mutua en lo sucesivo en los convenios judiciales y policiacos entre ambos países. Permitir actividades de investigación de agentes de la DEA en territorio nuestro para que luego se ejerzan detenciones unilaterales y al margen de la justicia nacional opera en contra de la soberanía de cualquier país
De entrada, el regreso de Cienfuegos es un éxito político para el gobierno de López Obrador. Hacia afuera, constituye una muestra de soberanía y de capacidad diplomática; hacia adentro, un espaldarazo a la alianza política entre AMLO y el Ejército. Pero hacia adentro supone un examen a la justicia mexicana para conducir un proceso verosímil frente a un posible escándalo de corrupción de la más alta esfera. El Presidente ha dicho que esto no es un triunfo de la impunidad. Veremos.
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