La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció que en el caso del homicidio de Giovanni López Ramírez, ocurrido en mayo pasado, hay varias órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, contra servidores públicos del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Si bien no dio el número de involucrados, adelantó que pudieran surgir otras más: “Estamos en una etapa procesal de investigación complementaria”.
Al concluir la segunda Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez dijo que dejará el cargo cuando las circunstancias lo rebasen.
Fue la coordinadora del PRI, Mariana Fernández Ramírez, quien cuestionó su eficacia, y puso en duda la estrategia de seguridad que coordina Ricardo Sánchez Beruben. “¿Qué hace y cómo funciona (la coordinación)?”, ironizó la legisladora.
Ante esto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, defendió a los funcionarios y calificó como una “herencia maldita” lo que dejó la pasada administración en materia de seguridad.
“No es discurso triunfalista”, abundó el coordinador del Gabinete de Seguridad Pública de Jalisco, quien insistió que la incidencia delictiva va a la baja.
Durante su exposición, reveló que el 57 por ciento de los policías del interior del estado no están certificados y a pesar de ello, continúan trabajando.
Sostuvo que no hay crisis forense y descartó que la compra de dos cámaras frigoríficas por más de 6 millones de pesos haya sido innecesaria porque no han sido utilizadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
SRN
