Poco a poco se avizora un anhelo de que la justicia llegue a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras la detención del capitán José Martínez Crespo por sus probables vínculos con la desaparición forzada de los estudiantes.
El militar Crespo es uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería que se encontraba en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, y se entregó a las autoridades bajo la condición de que se garantizara su seguridad en la prisión del Campo Militar 1. Al “Capitán Crespo” se le imputa solo el cargo por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La administración de Enrique Peña Nieto dio a conocer en su momento lo que llamaron la “Verdad Histórica”, con la cual casi dieron por cerradas las investigaciones en torno a la desaparición de los normalistas. Los padres de los 43 estudiantes tuvieron que acudir a otras alternativas para evidenciar la mentira y la ineficacia que dicha administración manifestó ante estos hechos; y que a la fecha no hay certeza sobre el destino final de los estudiantes.
Con la detención del militar se abre la puerta para que la justicia mexicana avance hacia una nueva etapa donde se rompa con una cultura de encubrimiento, en la cual antes las fuerzas militares podían llevar a cabo cualquier tipo de delito y permanecer impunes, pues la justicia castrense goza de alto nivel de confidencialidad en sus procesos legales. Hay que recordar que a la fecha no ha salido a la luz la verdad que demuestre el destino final de estos estudiantes que fueron víctimas de la guerra contra el narco que ha hecho sangrar al país.
Ante esta incertidumbre seguimos testificando que la defensa y protección de los derechos humanos, que es relativamente joven en nuestro país, se han logrado grandes avances en este tema ya que han sido impulsados, no por el Estado, sino por el trabajo organizado y sistemático de diversas organizaciones de la sociedad civil, y que han sido consagrados con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011.
Ayotzinapa puede llegar a ser un parteaguas en la historia jurídica de nuestro país donde se resuelvan temas que venimos arrastrando como la incompetencia de nuestras autoridades y la impunidad que ha favorecido a funcionarios como el ex procurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón De Lucio, quienes son acusados de sembrar evidencias en el basurero de Cocula.
En un país en donde las tragedias que sufre la ciudadanía ocurren todos los días, olvidar resulta imposible.
