Han pasado dos años del actual gobierno federal y prácticamente está por concluir el periodo de quienes integran la cámara de diputados y no se avizora una reforma electoral, la cual es sin duda necesaria, para eficientar y modernizar nuestro sistema electoral.
Y es que un tema que estaba en la agenda presidencial y legislativa, se fue difuminando, ya que el desgaste que provocaría, sería mayor al beneficio político, sobre todo si consideramos que las reformas electorales en México, han sido la vía rápida para dotar de legitimidad al presidente carente de ella, como fue la gran reforma de 1977, cuando López Portillo llega al poder como candidato único, en unas elecciones (1976) dignas de un sistema dictatorial, o Carlos Salinas de Gortari, que llega como resultado del denominado fraude de 1988 (la caída del sistema) e implementa una serie de reformas electorales, iniciando con la de 1989-1990 creando al IFE.
En el caso de Ernesto Zedillo, la crisis que enfrentó fue económica, con el “error de diciembre” y que significó la devaluación del peso mexicano, echando a andar la denominada “Reforma Definitiva”, sacando del Consejo General al Secretario de Gobernación (quien fungía como presidente) dotando de plena autonomía al IFE, el cual fue integrado por 9 consejeros ciudadanos, únicos con voz y voto. Esta recomposición incidió a la postre en la alternancia presidencial del año 2000, en cuyo sexenio no hubo una reforma electoral trascendente, ya que Fox al inicio contaba con una alta legitimidad. Situación muy distinta con el periodo de Calderón, quien ante un triunfo sumamente cuestionado, se vio en la urgente necesidad de legitimar su mandato, para ello se realizaron de nueva cuenta una serie de cambios en materia electoral (muchas de ellas muy vigentes).
Peña Nieto si bien llegó con una diferencia electoral más amplia que la del año 2000 y 2006, realizó una serie de reformas en materia fiscal, energética, así como la electoral, misma que buscaba de origen centralizar los procesos electorales, con un solo organismo electoral, sin embargo, ante la presión de los gobernadores, su propuesta quedó sólo parcialmente, dejan las y los legisladores una doble estructura electoral, pero con amplias facultades al INE para que gradualmente pudiera organizar cualquier elección local o consulta popular.
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