El desarrollo económico es fundamental para consolidar las libertades individuales y la paz social. Aunque contar con una economía robusta es un paso importante para alcanzar este objetivo, esto ha demostrado ser insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades y cimentar el progreso social.
Por ello nuestra Constitución adopta una visión del desarrollo orientada por la justicia social, a partir de la premisa de que el libre mercado es insuficiente para generar abundancia, distribuir la riqueza equitativamente y erradicar la pobreza.
Particularmente en el ámbito laboral esta visión reconoce que, sin contrapeso alguno, empleadores y trabajadores no comparten un piso parejo de negociación, lo que hace necesario asegurar las prestaciones sociales y demás condiciones laborales de los trabajadores.
Así, la Constitución protege el derecho de todas las personas a un trabajo digno y socialmente útil, en condiciones de desarrollo y prosperidad. Garantiza el derecho a recibir salarios justos y prestaciones de seguridad social que aseguren una retribución digna para la persona y su familia, en cualquier empleo, trabajo o responsabilidad que desempeñe. Con ello recoge una visión sustantiva del bienestar social a través del trabajo digno, así como una visión profundamente igualitaria, que rechaza la discriminación laboral por cualquier motivo, incluyendo discapacidad, género, preferencia sexual o condición social.
Con la implementación del nuevo modelo laboral, derivado de la reforma del 1 de mayo de 2019, y cuya primera etapa inició hace unos días en ocho entidades federativas, velar porque la justicia social se haga una realidad a través del trabajo será una tarea fundamental del Poder Judicial de la Federación.
La reforma es histórica, pues marca la transición a un modelo de resolución de disputas laborales en el que, por primera vez, jueces y juezas independientes e imparciales estarán a cargo de adjudicar los derechos de las partes, desde una perspectiva normativo-constitucional.
En este contexto el reto más importante para el Poder Judicial de la Federación será el de contribuir a recuperar la confianza de la sociedad en la justicia del trabajo y hacer efectivo el acceso a la justicia laboral. Una justicia laboral con rostro humano, que asuma sin ambigüedades su papel constitucional en la consecución de una mayor justicia social para las personas trabajadoras.
Con todo, en el Poder Judicial tenemos muy claro que la justicia social debe construirse sobre la base del estado de derecho. Para que el trabajo se convierta en un motor de cambio social y bienestar, es indispensable contar con un estado de derecho robusto, con reglas claras y derechos exigibles, lo que requiere consolidar una justicia laboral expedita, imparcial y profesionalizada, que brinde certeza y seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, y que genere un clima de confianza propicio para las inversiones, necesarias para el desarrollo de nuestro país.
La reforma nos permite avanzar a un sistema en el que los derechos laborales sean plenamente exigibles, en el que los juicios sean justos y en el que se desarrolle una doctrina jurisprudencial sólida y coherente, que brinde seguridad jurídica y previsibilidad en el ámbito de las relaciones laborales. Un sistema que privilegia la conciliación y que brinda mayor transparencia y legitimidad a la resolución de los conflictos laborales, con la doble finalidad de asegurar los derechos constitucionales de las personas trabajadoras y favorecer el crecimiento de la actividad económica, indispensable para la conservación y expansión de las fuentes de empleo.
Justicia social y estado de derecho son dos caras de la misma moneda y deben ser los pilares de esta nueva justicia laboral; deben orientar el desarrollo jurisprudencial y ser la base de un nuevo modelo de relaciones laborales, en el que estén garantizados los derechos de ambas partes. Sólo así tendremos el desarrollo que merecemos: un desarrollo igualitario, en el cabemos todas las personas.
