El 15 de octubre pasado, cuando el General Salvador Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, el gobierno de Estados Unidos lastimó el honor del exsecretario de la Defensa y agravió a las Fuerzas Armadas de México.
Con base en la intervención de llamadas telefónicas entre delincuentes y las declaraciones mañosas de un testigo protegido -de esos que usan el recurso de la mentira para obtener privilegios-, las autoridades estadounidenses aprehendieron a un general que representa un ejemplo de lealtad y patriotismo.
A uno de los hombres más respetados por la tropa verde olivo, le llamaron El Padrino, una denominación atroz encaminada a dañar la reputación e imagen de un militar de alto rango, al ponerlo en el mismo nivel del personaje de la mafia que creó Francis Ford Coppola en 1972.
El General Cienfuegos, quien en 2018 fue condecorado por el Departamento de Defensa y por el presidente de Estados Unidos con la Legión al Mérito, fue detenido por supuestos crímenes ligados al narcotráfico, como lavado de dinero y tráfico de estupefacientes. Acusaciones que dañaron 56 años de trayectoria castrense y provocaron un daño irreparable a la tranquilidad de él y de su familia.
La Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) también intentó ligar la riqueza de la familia con el crimen organizado, al señalar que durante los últimos tres años que estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Cienfuegos aumentó sus ingresos con más de 10 millones de pesos extra, sin considerar que dicha riqueza está claramente explicada en sus declaraciones patrimoniales presentadas entre 2015 y 2018.
El General Salvador Cienfuegos ya está en México, en su casa, libre de culpa. Sin embargo, el caso evidenció el nivel de desconfianza que permea en las agencias de seguridad de Estados Unidos, sobre la solvencia moral del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Prueba de ello es que la detención del militar mexicano de más alto rango no fue informada con anticipación a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso, durante los días posteriores, el flujo de información entre las autoridades de ambas naciones fue escaso, prácticamente inexistente.
Desde luego, la élite militar en nuestro país manifestó su indignación. El Ejército Mexicano que se ha convertido en un actor político de alto perfil durante los dos primeros años del sexenio de López Obrador, no podía dejar pasar la afrenta y dejó caer el peso de su influencia en la maniobra diplomática que permitió el regreso del General Cienfuegos.
Una vez que la jueza federal Carol Bagley Amon aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de EU para desestimar los cargos contra el exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos llegó a México sin orden de aprehensión alguna y con la frente en alto, dispuesto a iniciar la defensa de su honor.
En la Fiscalía General de la República (FGR) hay una carpeta de investigación abierta, pero el militar está decidido a demostrar su inocencia, lograr su exoneración y reivindicar su nombre. Tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y la tranquilidad del deber cumplido.
