La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque parece una institución creada en este sexenio, debido al cuantioso número y valor de las cuentas bancarias congeladas, fue en realidad fundada por decreto en 2004. Mayor relevancia ha adquirido la UIF por ser tan sólo una “unidad” administrativa con el poder de una Secretaría de Estado, y un titular que hace las veces de un ‘Zar Anticorrupción’. En este sexenio, la UIF ha bloqueado cuentas por un monto superior a los siete mil 500 millones de pesos, sobre robo de hidrocarburos, corrupción política, empresas ‘fantasma’, trata de personas, tráfico de migrantes y crimen organizado.
Empero, ¿qué tanto representa este monto de las cuentas congeladas por la UIF, respecto del total del lavado de dinero y la corrupción en México? Aunque no existe una cifra oficial, el académico Jorge Lara Rivera, del INACIPE, con estimaciones basadas en reportes oficiales, ha señalado que, el monto del lavado de dinero en México, asciende a 50 mil millones de dólares. Ahora bien, de acuerdo con el titular de la OCDE para América Latina, Roberto Martínez Yllescas, el costo de la corrupción en México es del cinco al 10 por ciento del PIB Nacional, del que “tan solo los sobornos a funcionarios públicos tienen un costo del 2%”. De forma que esta cifra apenas representa el atajo de un asteroide en un universo financiero plagado de corrupción y lavado de dinero.
No dejan de ser importantísimos los esfuerzos y resultados de la UIF en materia de combate a la corrupción política. Para este 2021, se prevé que la UIF ejerza 170 millones de pesos. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que está integrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Ejecutiva del SNA, ¡ejercerán 71 mil 900 millones de pesos! Quiere decir que, aunque con resultados muy superiores en materia de combate a la corrupción, ¡la UIF ejercerá apenas 0.2 por ciento de lo que cuesta el pesado e ineficiente SNA!
La inusitada relevancia de la UIF tiene que ver con el gradual debilitamiento legal del Poder Ejecutivo en el sistema presidencial mexicano. Me explico. Frente a la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que ya no dependen orgánicamente del Poder Ejecutivo, el presidente de la República sólo cuenta con un mecanismo para incidir en términos de la investigación y persecución de los delitos asociados a la corrupción: la UIF. De hecho, resulta ampliamente probable que, posterior a este sexenio, la UIF pase a formar parte de la FGR o del Poder Judicial (existen países con este modelo), o bien, se convierta en un órgano constitucional autónomo. ¿Por qué? Porque tanto la «investigación» como la «inteligencia», relacionada con los delitos, pueden recaer en indeseables o nocivos fines de persecución política. No obstante, la UIF es, hasta ahora, el más eficiente (por sus resultados) instrumento con que cuenta el Estado Mexicano para el combate a la corrupción política.
