Un Tribunal Federal dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado contra el ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, quien fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La resolución de los magistrados, la cual fue unánime, ordena al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México abrir un nuevo plazo constitucional, en el que lleve a cabo nuevamente la diligencia para tomar la declaración preparatoria de Abarca Velázquez.
Por el momento el ex funcionario, quien fue señalado de estar involucrado en el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
La sentencia de amparo también ordena que se revelen los nombres de los testigos colaboradores “Mateo” (Sergio Villarreal Barragán, El Grande) y “X” (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza).
Igualmente, se le deben hacer saber todos los derechos de que goza Abarca Velázquez, y de manera clara y precisa, se le informe sobre la naturaleza y causa de la consignación, esto es, de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra y las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas.
El juez debe asentar de manera clara y detallada esas circunstancias en el acta respectiva, lo cual incluye los nombres de las personas que atestiguan en su contra, así como de las pruebas en que ello se basa.
“Deberá hacérsele saber la identidad de los testigos colaboradores con nombre clave ´Mateo´ y ´X´, cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada”, ordenó el Tribunal.
En agosto, otro Tribunal Colegiado concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez, sentencia que ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez Tercero tuvo que tomar en cuenta nuevamente qué elementos existían en su contra para poder determinar su situación jurídica. Posteriormente, en acato al fallo, la volvió a sujetar a proceso por los mismos actos ilícitos.
El Grande es uno de los sicarios más sanguinarios que han operado en el país y en su momento fue el segundo en estar al frente del cártel de los Beltrán Leyva, tras el abatimiento del capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
Tanto “Mateo” como “X” fueron usados por la PGR para declarar en un sinfín de investigaciones, como la del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y contra el abogado José Gerardo Ortega Maya, ex asesor del ex secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, por mencionar algunas.
En todos los casos, los asuntos se les cayeron a la PGR porque los testigos mintieron y porque no reconocieron firmas (que fueron falsificadas) en sus declaraciones.
irh
