La cada vez más deteriorada economía mexicana, debido a la crisis mundial y a la mala administración de los gobiernos federales pasados y el de turno, podría enfrentar otra más profunda y de funestas consecuencias si el Congreso de la Unión no aprueba la permanencia de lassubcontratadoras, mejor conocidas como outsourcings, ya que empresas estadounidenses amenazaron irse de México si éstas son canceladas.
Larry Rubin, presidente de la American Society of México, (ASM Sociedad Americana de México por sus siglas en inglés) que agrupa a decenas de empresas del vecino país del norte en México, aseveró que, si los legisladores mexicanos eliminan el outsourcing, se afectará de manera grave la relación bilateral México-Estados Unidos, porque correrán mucho riesgo económico los proyectos de inversión programados para los próximos 5 años.
Agregó que como parte del T-MEC, (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá) se tiene contemplado desarrollarlos en diversas partes de la República Mexicana y por la posible cancelación de la permanencia de las outsourcings en nuestro país, es factible que esos futuros proyectos se trasladen a otras naciones por la falta de certidumbre en las políticas públicas de México.
Y adelantó que, por ello, empresas estadounidenses en México no se adhirieron ayer al acuerdo pactado entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el gobierno federal para regular dichas instancias a partir de enero, y por ello esperarán el dictamen del Congreso de la Unión para definir sus negocios en nuestro país.
Advirtió que de desaparecer esa figura legal, la inversión estadounidense asentada en el país reconsideraría su estancia en México y podrían trasladarse a países donde sí esté permitida la ley de subcontratación, debido a que ésta hace menos pesada la carga fiscal con contrataciones tradicionales.
Para infortunio de la economía mexicana, si los fuertes e influyentes capitales estadounidenses y de otros países europeos y orientales decidieran irse de nuestro territorio, sin duda la captación de impuestos se reduciría a márgenes estrechos que causaría un efecto más negativo que los vividos en los últimos 6 años.
De ahí que los empresarios aglutinados en la American Society de México no firmaron el miércoles el acuerdo celebrado en Palacio Nacional que encabezó el Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador y el hasta ayer líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín.
Entre los argumentos del dirigente de la ASM insistió que México no es el único país para invertir y, aunque está afiliado al T-MEC -que es una gran herramienta-, también está Canadá y si el país de la hoja de maple posee mayor estabilidad en todos los sentidos y le da certidumbre al empresario, la inversión quizá termine yéndose para allá… o a otros destinos.
No hay que olvidar que al igual que muchos empresarios de Estados Unidos se ciñeron al sistema de outsourcing, sus homólogos mexicanos han creado miles de empresas. Unas legales y otras, no tanto, las que incluso son investigadas por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por evasión fiscal, lavado de dinero y fraudes con todas las agravantes, que han enriquecido de forma ilícita a cientos de empresarios mexicanos.
Según datos que esgrime Larry Rubin, 92 por ciento de las empresas estadounidenses que cuentan con un sistema de outsourcing para operar en México, han permanecido aquí debido a la flexibilidad de las autoridades hacendarias para crear y dar de baja a instancias que no son rentables, y por eso es importante que se permita continuar, por lo que pidió la intervención de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que respalden la importancia de la inversión extranjera en México.
Tras los pronunciamientos casi determinantes de uno de los cercanos del Partido Republicano en México, es posible que los legisladores federales aprueben la persistencia de la legislación de las outsourcing, so pena de que el gobierno federal no desee que ingresen a las arcas públicas, todos los meses, cientos de millones de pesos vía impuestos, que hasta hoy coadyuvan al desarrollo o los objetivos muy personales del presidente López Obrador.
