Con la consigna “primero los pobres”, los defensores del bodrio de ley del Banco de México aprobado por el Senado juran y perjuran querer “proteger” el dinero con que ingresan cada que vienen de visita los paisanos que trabajan en Estados Unidos.
Un activo propalador de esta mentira es Alejandro Armenta, senador por Morena, quien desparrama una progrefobia contra la institución que quiere convertir en una lavandería de dólares eventualmente mal habidos, a la que reprocha no haya condenado “el saqueo” de los gobiernos “neoliberales” y calumnia con la tontería de que es comparsa de la Reserva Federal gringa.
Su visión es pedestre: dice que cada año vienen 10 millones de migrantes que traen en promedio de “500 a mil dólares” cada uno y que cambian por 15 tristes pesos-dólar en el mercado negro, en vez de los aproximadamente 20 que pagan bancos y casas de cambio.
(En ciudades de Sinaloa, como sucede en Culiacán, es común y pública la compraventa callejera de dólares a precios ventajosos para las mafias criminales)
Lo que Armenta y sus contlapaches defienden es la marranada de que el Banco de México asuma la responsabilidad de que a esos mexicanos se le pague lo justo. ¿No lo sensato sería impulsar una campaña eficaz de concientización para que nuestros paisanos recurran a la formalidad? ¿Por qué apuntalar la política de la avestruz con el alcahueteo de una de las expresiones más turbias de la economía informal?
Peor: ¿qué gana México si se retuerce y pervierte la función primordial del Banco central?
El problema es mucho más complejo y corrosivo. El gobernador de la institución, Alejandro Díaz de León, explicó ayer con Joaquín López-Dóriga que, de prosperar la iniciativa de reforma, los bancos tendrían el derecho de vender dólares en efectivo al Banco de México (ni que tuviera sucursales y cajeros automáticos), obligándolo a acumularlos. Esto aumentaría el riesgo del manejo de dinero sucio. ¿Apoco no van y vienen para también ver a sus familias narcomenudistas y otros delincuentes de bajo perfil que migraron a Estados Unidos?
Tales dólares “no solo no sirven de activo de reserva, sino además vienen con un riesgo”, dice Díaz de León. Y aunque hay mecanismos de mitigación, el peligro “no se elimina, sino que se le pasa al Banco de México”, cuya operación se vería comprometida: “Cuando hay investigaciones a nivel mundial, las autoridades del exterior pueden congelar cuentas, confiscar recursos” o cancelar operaciones, alertó.
Al Banco, en suma, se le colocaría en el escollo de no poder operar los 194 mil millones de dólares que tiene de reserva; de impedirle actuar como agente financiero del gobierno federal y de que se limiten sus operaciones.
“Si la iniciativa pudiera tener una buena intención, el querer reforzar el circuito de efectivo es una alternativa muy poco atinada que pone en riesgo nuestras funciones y, además, atenta contra la autonomía del Banco Central”, explicó el gobernador, cuyas opiniones desdeñan demagogos como el senador Armenta.
