El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución Política para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de regular a las empresas de seguridad privada.
Avalado con 332 votos a favor, 61 en contra y una abstención, el proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
De acuerdo con el dictamen, en México existen alrededor de 6 mil empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada que emplean aproximadamente a 500 mil personas.
Sin embargo, más de mil 500 empresas no cuentan con permisos, lo que vulnera obligaciones tributarias, de prestaciones de seguridad social y traslada el costo al Estado, puntualizó Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Palacio de San Lázaro.
La adición a la fracción XXIII bis del artículo 73 constitucional señala que la referida ley general deberá establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
De igual forma determinará las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades federales, estados y municipios para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública.
El nuevo ordenamiento definirá también la coordinación de las empresas de seguridad privada con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre.
Al fundamentar el dictamen en la tribuna parlamentaria, Alavez, subrayó que la reforma fue construida escuchando especialistas, servidores públicos, empresarios del ramo y un diálogo permanente con los legisladores de las bancadas representadas en la Cámara.
“Se logró un documento que atiende la necesidad de contar con una ley general que armonice y homologue procedimientos y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los prestadores de servicios de seguridad privada en el país”, dijo.
Sostuvo que la reforma trata de brindar certeza tanto a los ciudadanos y a los tres órdenes de gobierno como a los particulares que los prestan, homologando criterios, requisitos, mecanismos de control y de vigilancia, evitar la aparición de empresas “patito” y de espacios para delincuencia.
JLMR
