Una comisión del Congreso peruano aprobó este lunes un informe que pide acusar constitucionalmente al ex presidente Martín Vizcarra de «liderar una organización criminal» y que se le inhabilite durante diez años para ejercer cualquier cargo público.
La Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Edgar Alarcón, aprobó el informe con diez votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, tras investigar las contrataciones que hizo el Ministerio de Cultura desde 2018 del polémico cantante Richard «Swing» Cisneros, supuestamente por recomendación de Vizcarra.
En ese sentido, el grupo de trabajo recomendó que se inhabilite al exmandatario «sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes» y que también se le acuse «por
infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función«, así como de «liderar una organización criminal».
El informe fue sustentado por Alarcón, quien recordó que la comisión pidió que se amplíe el plazo de las indagaciones hasta en dos oportunidades y que también se le permita investigar las presuntas contrataciones vinculadas con el entorno de Vizcarra en otras instituciones del Estado.
De acuerdo con el informe, que aún deberá ser debatido y votado por el pleno del Congreso, durante la gestión de Vizcarra «habría existido un uso ilegítimo» de la ley «para favorecer a amigos y/o familiares» con puestos de trabajo en el gobierno.
Agregó que existió una organización criminal «que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el ex mandatario Martín Vizcarra y sus miembros» con el objetivo de «contratar a las personas de su entorno».
El documento sostuvo que se habrían cometido «varios delitos de función ejecutados por el mismo ex mandatario, ex ministros, funcionarios y servidores públicos del despacho presidencial y otros sectores del gobierno».
Recomendó, en ese sentido, que también se acuse constitucionalmente a los ex ministros de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, Fabiola Muñoz y Jorge Montenegro, por la posible comisión de delitos como omisión de funciones, demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias.
Además, que también se acuse a los ex ministros de Cultura, Transportes, Vivienda y Construcción, Educación, y Defensa durante la gestión de Vizcarra por omisión de actos funcionales y «permitir que se ejecuten actos ilegales e ilícitos durante su gestión».
Este lunes también se supo que Alarcón, quien es el principal acusador de Vizcarra en el Congreso, es investigado por un fiscal anticorrupción de la región sureña de Tacna por supuestamente haber recibido 2 millones de soles (unos 560 mil dólares / 11.28 millones de pesos mexicanos) cuando estuvo al frente de la Contraloría de la República.
Según el testimonio de un aspirante a colaborador de la Justicia, el dinero fue entregado a Alarcón en 2017 por el ex alcalde de la localidad de Ilabaya, Luis Cerrato, quien también es acusado de liderar una organización criminal.
Tras conocerse esa información, Alarcón aseguró que «era previsible que ante inminente aprobación del caso Swing, los aliados de Vizcarra lancen sus mentiras» y acusó al fiscal de haber violado la reserva del caso y de haber adelantado una opinión.
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