Sergio Lozano gobernaba Allende en marzo de 2011. Había llegado al poder a través del PAN, que en ese tiempo conquistó por primera vez la alcaldía del lugar.
Lozano no hizo nada ante la cooptación de la policía municipal por parte de Los Zetas y la masacre de marzo, pese a que el secuestro de personas y la destrucción y saqueo de viviendas ocurrió a plena luz del día en el centro del poblado e incluso frente al palacio municipal y a la casa particular del alcalde.
En varias ocasiones lo he buscado para conocer su versión directa sobre los acontecimientos, pero siempre ha declinado hablar. Lozano siguió viviendo en Allende hasta finales de 2016, cuando fue detenido y encarcelado por un tiempo, para luego quedar de nuevo en libertad.
En su primera declaración ministerial sobre los hechos aseguró que no había sido testigo presencial de ningún secuestro, ya que no había estado en el pueblo durante los días en que éstos ocurrieron. Dijo también haberse enterado de lo sucedido a través de pláticas informales, y que como presidente nunca recibió una notificación, queja o denuncia de las víctimas.
De manera contradictoria, en su misma declaración reconoció que a causa de los ataques de la noche del 20 de marzo suspendió el evento cívico programado para la mañana siguiente por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Además, el mismo lunes 21 de marzo existe registro de que Lozano convocó a una sesión privada de cabildo con regidores y síndicos, así como con los cuerpos de seguridad pública, para hablar de lo que estaba pasando, pero no hizo nada.
“Hasta ese momento no se había recibido denuncia de ningún tipo ni por ningún medio de las personas que pudieran haber resultado ofendidas en los hechos de violencia ocurridos, por lo que se acordó en dicha sesión que se reforzara la vigilancia por parte de la Seguridad Pública del Municipio”, declaró Lozano.
Así fue como Allende quedó en completo abandono institucional.
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Los principales medios de comunicación de Coahuila y México tampoco pudieron informar al momento sobre los hechos. Tuvieron que pasar años para que salieran las primeras notas dando cuenta de la masacre.
Sin embargo, en redes sociales como Facebook y Twitter se denunció lo sucedido desde los primeros días. El 22 de marzo de 2011 aparecieron tuits como estos:
—“Hasta ahora lo que se sabe de #Allende, #Coahuila, un grupo armado ha secuestrado al menos 15 niños y adultos, por disputas internas, #riesgo”.
—“Trasciende que comandos de sicarios incendian unas 10 casas en la tarde en Allende, Nava y Piedras Negras, Coahuila. Autoridades callan”.
Otros pedían cadenas de oración por Allende y los Cinco Manantiales. También hubo varios tuits pidiendo ayuda, incluyendo al presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien nunca atendió los hechos.
Algunos periodistas de Saltillo como Juan Andrés y su hijo Milton Martínez, solicitaban en vano explicaciones a las autoridades.
Pero aparte de evitar informar sobre lo que sucedía, el gobierno estatal del PRI usó a los medios de comunicación para encubrir los hechos en lugar de darlos a conocer:
El miércoles 23 de marzo de 2011 apareció en Vanguardia, uno de los diarios más importantes, la nota titulada: “Dejan rumores vacíos salones de Allende” y el sumario añadía: “Padres de familia evitan llevar a sus hijos por supuestos enfrentamientos de la Marina con civiles armados”.
La nota estaba sustentada en una declaración de Santos Vázquez Estrada, delegado de la Fiscalía en Coahuila, quien alegó que había un rumor causando “psicosis”.
Sí, un “rumor”.
En Zócalo, otro periódico notable del estado, se publicó el 25 de marzo una nota en la que Jesús Bolaños, secretario ejecutivo de Seguridad Pública, daba a conocer los avances de un proyecto en Allende para prevenir la violencia… en las escuelas públicas. Además, informaba que había estado en el pueblo la tercera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Sandra Luz Miranda Chuey.
Y los funcionarios no declaraban nada de la masacre ocurriendo en ese momento.
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En 2011 había elecciones generales en el estado y algunos candidatos visitaron Allende, donde quedaban a la vista las huellas de la masacre a través de las casas destruidas. En la pasarela participó Guillermo Anaya, candidato al Senado por el PAN, quien estuvo en el poblado en dos ocasiones después de la masacre, pero evitó hacer algún tipo de pronunciamiento.
Cuando años después fue nombrado presidente de la Comisión Especial del Senado para investigar el ataque y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, varios pobladores de los Cinco Manantiales le reprocharon su vehemente silencio ante lo sucedido en Allende.
En 2011 el gobernador de Coahuila era Jorge Torres, sustituto de Humberto Moreira, quien en marzo de ese año había asumido la dirigencia nacional del PRI.
El legislador Armando Luna Canales, secretario de Gobierno en la administración de Humberto y en la de Rubén, considera que en ese marzo de 2011 la mafia estaba probando al nuevo mandatario interino. “Es una teoría mía, que cuando cambia de autoridad o cuando entra un mando nuevo, pues los factores del pueblo o de la comunidad lo prueban más o menos para saber hasta dónde llega y eso. Probar cómo va a reaccionar la autoridad nueva, qué consecuencias va a ver”.
—¿Hubo encubrimiento?
—Lo que te puedo decir es que era un tema muy complejo y no había los recursos para hacerle frente, o era muy incipiente, al parecer, en ese momento.
CONTINUARÁ…
El lugar donde se arrastran las serpientes/ Capítulo IV
