El Ejército impecable desfila por las calles en cada festividad patria. Las condecoraciones en el uniforme, la coordinación y la fuerza que exhibe enorgullecen al mexicano. No por nada, el 73.6 por ciento de los ciudadanos confían ciegamente en esta institución, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Sin embargo, esa confianza, más de una vez, ha sido traicionada.
La militarización del país para el combate al narcotráfico, que alcanzó su máximo durante la gestión de Felipe Calderón, parecía ser la solución a la escalada de violencia que, desde entonces, no ha parado. La salida de los cuarteles no ayudó en nada a la paz civil. Los homicidios siguen siendo el pan de cada día y hay guachos que terminan seducidos por el enemigo.
El general Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y narcotráfico. La noticia parecía una señal de que habría algo de justicia. Al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue protagonista en dos hechos que han marcado la historia reciente de nuestro país.
El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntaban a la participación de militares. Cienfuegos no permitió que se indagara a los elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero.
La sombra del general también está presente en la masacre de 22 personas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de ese mismo año.
Los señalamientos explicaban qué movía a Cienfuegos. Ahora, su exoneración en México, nos vuelve a poner los pies sobre la tierra y a recordar que aquí pesa más el verde.
Cienfuegos no ha sido el primer general detenido. Desde 1997, han sido aprehendidos más de una decena por su presunta relación con el crimen organizado, como Jesús Gutiérrez Rebollo, Alfredo Navarro, Jorge Maldonado Vega, Mario Acosta, Francisco Quirós, Ricardo Martínez Perea y Juan Manuel Barragán.
En la lista, figura también un nombre que después fue oculto en un apodo: Manuel de Jesús Moreno Aviña, conocido como El líder del pelotón de la muerte. Enfrenta 52 años de cárcel por los delitos de tortura, homicidio y violación a las leyes de inhumación, cometido contra una persona el 25 de julio de 2008; otros seis soldados están en prisión también por este crimen.
Sin embargo, desde entonces, el general que estaba al frente del Ejército en Chihuahua cuando ocurrió el hecho, alega ser un “chivo expiatorio” y ha denunciado irregularidades en el procedimiento en su contra y actuaciones fuera de la ley para proteger a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, los intocables. Como él, afirma, hay cientos de elementos castrenses presos injustamente.
La justicia no llega para las víctimas de los militares, y aparentemente, ni siquiera para quienes alguna vez portaron con orgullo el uniforme; pero al presidente le duele más que se dañe “el prestigio”.
