La noche del 18 de octubre del 2020, la activista de derechos humanos Kenia Hernández fue detenida por elementos de la policía ministerial de la fiscalía mexiquense, en el municipio de Amozoc, Puebla, cumpliendo una orden de aprehensión en su contra por robo con violencia y por lo cual fue trasladada al penal de Almoloya.
De acuerdo con su abogado defensor, Antonio Lara, originalmente se tenía previsto que Kenia llevara este proceso en libertad; sin embargo, el 25 de octubre fue presentada otra orden de aprehensión federal acusándola de ataques a las vías de comunicación, por la toma de la caseta de La Venta, en Acapulco, el 29 de marzo del 2019, y debido a una decisión de la fiscalía, la activista continúa presa en el Penal Femenil número 16 de Morelos al cual fue trasladada el mismo día que se giró la orden.
“Nos percatamos, nos documentamos de que Kenia ahora estaba acusada de ataques a las vías de comunicación, es decir, ahora se trataba de criminalizar la protesta pública, mientras en el Estado de México se fabricaban hechos, acá se criminalizan hechos”, comentó a MILENIO Antonio Lara.
Anteriormente Kenia ya había estado presa en el penal de Chiconautla en Ecatepec, Estado de México, acusada de robo violencia, sin embargo, en esa ocasión pudo salir libre tan solo cinco días después debido a la falta de pruebas de su participación en tal crimen; para esta segunda detención sí existían pruebas y testigos, por lo cual no se pudo conceder el mismo beneficio.
Luego de que se informara que tras su traslado a Morelos, Kenia no podría llevar su proceso en libertad, el colectivo «Libertario Zapata Vive», así como distintas organizaciones decidieron llevar a cabo un plantón en el zócalo capitalino para exigir la liberación de la activista, aunque aseguran que la postura de la fiscalía ha sido mantenerla presa por ser un “riesgo a la población”.
“El delito o el supuesto delito de ataques a las vías de comunicación no es un delito que amerite prisión preventiva, no es un delito grave y aun así la fiscalía insistió en que Kenia tenía que mantenerse en prisión por una razón, dijo la fiscalía que Kenia protesta mucho y como protesta mucho pone en riesgo a la comunidad”, explicó su abogado.
Actualmente, la activista cuenta con tres carpetas de investigación y tres causas penales, siendo la causa penal 332 de Acapulco, la única que la mantiene en prisión en este momento y de acuerdo con Antonio Lara aún no se ha fijado una fecha para su audiencia por lo cual seguirán apelando con juicios de amparo para lograr que Kenia pueda llevar este proceso en libertad.
Pero pese a que aún existe mucha incertidumbre respecto a lo que pasara con el caso, Yanely, quien también es integrante del colectivo «Zapata Vive» asegura que no detendrán su lucha hasta que su compañera logre su libertad, ya como organización no permitirán que se le criminalice por protestar.
“Kenia siendo una mujer indígena, desplazada, defensora de derechos, le ha tocado estar tres meses en prisión sin ver a la familia, sin ver a los hijos, sin ver a los amigos y nosotros realmente nos hierve, nos duele darnos cuenta que la protesta y la libertad de expresión es un crimen… Nosotros vamos a seguir hasta lo último y así esto dure años y al final a lo mejor quedemos nada más dos o tres personas ahí vamos a seguir con ella porque justamente es lo que te transmite ella, la idea de estar siempre unidos y juntos, tú ves a Kenia y quieres seguirla.”, precisó.
DMZ
