El Tribunal Electoral decidirá si después de 13 años, el titular del Ejecutivo podrá desatender las instrucciones constitucionales de no influir en la imparcialidad de las elecciones, pues de acuerdo a los alegatos de la Consejería Jurídica de Presidencia, el Instituto Nacional Electoral pretende someter al presidente Andrés Manuel López Obrador a “un estado de indefensión y censura previa permanente”.
El pasado 15 de enero, el Consejo General del INE aprobó ordenar al Presidente, a los gobernadores y a cualquier servidor público abstenerse de emitir comentarios que puedan influir en la contienda electoral o que generen imparcialidad en el proceso. Lo que de inmediato, fue impugnado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República encabezada por Julio Scherer.
El oficio de impugnación presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está firmado por el licenciado Édgar Armando Aguirre González, consultor de Defensa Legal de a Consejería Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, quien acusa a los consejeros del INE de basarse en “afirmaciones falaces”, para restringir la libertad de expresión en las mañaneras.
“Se pretende someter a mi representado a un novedoso mecanismo de censura previa, al calificar a priori, como ilegal, cualquier tipo de expresión relacionada con tópicos electorales, lo cual desborda la competencia del instituto responsable de sustituirse por el legislador y establecer nuevos parámetros taxativos y tipificación de conductas que no están expresamente prohibidas por la legislación comicial».
“El Consejo General se limitó a realizar una afirmación falaz y pretende someter a mi representado a un estado de indefensión y censura previa permanente”, se lee en el escrito.
El INE argumentó que estas restricciones se basan en los artículos 134 y 41, y lo que pretenden, es que López Obrador no incurra en un delito electoral externando críticas a favor o en contra de candidaturas o partidos políticos durante sus conferencias mañaneras o eventos públicos.
Sin embargo, de acuerdo al análisis de los abogados del gobierno federal, el acuerdo es ilegal e inconstitucional pues es “un evidente mecanismo de censura previa” sin que exista una ley en la que se encuentre debidamente justificada, lo que “trasgrede los preceptos constitucionales”.
“La emisión de un catálogo taxativo para establecer novedosas conductas prohibidas respecto del ejercicio de libertad de expresión de las personas que ocupan diversos cargos públicos, como las establecidas por la responsable, generará incertidumbre y falta de certeza jurídica al pretender anular por completo el ejercicio de un derecho elemental, lo cual resulta desproporcionado a los límites establecidos en la Constitución respecto de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda”.
Explican que las democracias representativas se basan en el tipo de régimen político que más obliga a los gobiernos y representantes populares a rendir cuentas, por lo que “sería injustificado ordenar al Presidente de la República para que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral, pues la propia autoridad jurisdiccional en materia electoral ha establecido que es válido hacer referencia a los comicios, siempre y cuando se respeten los principios de neutralidad e imparcialidad en la contienda electoral, como lo ha hecho mi representado en todo momento”.
Enlistan una “gran gama de expresiones válidas” y lo cotejan con distintas resoluciones de la autoridad electoral, en las que ha determinado que el Presidente no incurrió en delitos electorales algunos, como fue el caso de la presentación del documento “Rescatemos México”, en el que se concluyó que se trató de comentaros genéricos.
Por lo que insisten en que el INE busca crear obstáculos para el libre flujo informativo, pretende excluir al Presidente del debate público mediante una medida irracional, innecesaria y desproporcionada, pues López Obrador se limita a atender el interés legítimo de los representantes de los medios de comunicación.
También alegan que hay varios ejemplos de declaraciones del Presidente en los que ha abogado por el respeto al proceso electoral.
“El Presidente ha dicho que ‘todos tenemos que ayudar para que las elecciones sean limpias y libres, que no se utilice dinero del presupuesto; no se deben repartir despensas, no se debe traficar con la pobreza de la gente, desde luego, no puede haber trampas. Voto libre y secreto, y que el pueblo decida lo que considere, y nosotros vamos a acatar la decisión del pueblo, lo que la gente determine, no vamos a meternos en nada, a favor de ningún candidato, de ningún partido”.
Todos estos argumentos deberán ser analizados por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, a quien le fue turnado el caso, para que realice las diligencias correspondientes y presente un proyecto ante la Sala Superior que determinará si la decisión del INE es válida o si por primera vez, luego de 13 años, se abrirá la puerta para que el Presidente de la República pueda interferir con sus dichos en el proceso electoral.
FS
