La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la aprehensión de Alberto Bazbaz, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de Presidencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, pero el juez se las negó.
Como sucedió con la petición de la acción penal contra Luis Videgaray, a quien la FGR acusó de traición a la patria, los otros dos operadores jurídicos del gobierno anterior libraron el proceso que pretendía iniciarles la fiscalía ante la valoración del Poder Judicial de insuficiencia de elementos para iniciarles una causa.
A pesar de que desde 2019 Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que tenía elementos para solicitar a la FGR una investigación contra ellos, la fiscalía no pudo armar una sólida solicitud de orden de aprehensión; Nieto dijo contar con elementos de al menos 722 particulares y compañías que fueron extorsionados entre 2014 y 2018.
EXTORSIONES
Dentro del gabinete de Peña Nieto, Castillejos, Bazbaz y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán eran conocidos como Los Betos.
Sin embargo, para empresarios y políticos eran considerados como Los Chapos Jurídicos, pues crearon un equipo de extorsión y enriquecimiento ilícito bajo amparo del gobierno federal.
Según las indagatorias, el esquema de extorsión iniciaba en la UIF que encabezaba Alberto Bazbaz, quien congelaba cuentas de empresarios y políticos, por “sospecha de lavado de dinero”.
Bazbaz presuntamente enviaba los nombres de éstos a la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde contactaba a las víctimas para ofrecerles sus “servicios legales” y “ayudarlos desde Los Pinos”.
Los que se negaban eran amagados con la apertura de indagatorias en la PGR, donde se ubicaba Alberto Elías Beltrán en la subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales; a la salida de Raúl Cervantes quedó como encargado de despacho.
De acuerdo con Santiago Nieto, de las cuentas congeladas por Bazbaz no hay registros en la dirección de Procesos Legales de la unidad dependiente de la secretaría de Hacienda.
Otra forma de extorsión por parte de este grupo era cuando, a través del SAT, vendían “seguros de protección” para que empresarios tuvieran la certeza de que podían evadir impuestos.
Otro ex funcionario cuyos pasos sigue la FGR pero que no ha caído es David Penchyna, como ha ocurrido con todos los implicados por Emilio Lozoya, entre ellos Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.
LOS CULPABLES
Este jueves vence el plazo para realizar la investigación de lo denunciado por Lozoya y concluir las pesquisas del caso Agronitrogenados; la FGR citó a declarar ayer a Jorge Luis Lavalle, y no ha podido construir un caso que amerite una orden de captura contra alguno de los señalados.
El 6 de enero la FGR dijo que la próxima semana judicializará la carpeta de investigación contra quienes cuente con elementos probatorios suficientes, sin que hasta el momento se conozca en qué etapa del trámite se encuentra en el Poder Judicial.
Cuando se armó una solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray por delitos electorales, traición a la patria, asociación delictuosa y cohecho, un juez la negó.
Asimismo el caso de los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil, toda vez que un juez federal rechazó otorgar las órdenes de aprehensión en contra de los dueños de la empresa Tera Realty, que en 2017 recibió una indemnización del Infonavit por 5 mil 88 millones de pesos por la rescisión de un contrato.
En cambio, la Fiscalía General de la República sí logró orden de aprehensión en contra de la ex titular de Desarrollo Social, Rosario Robles y el abogado Juan Collado, la primera por una licencia de manejo falsa y el segundo por una demanda mercantil.
