La llegada de la vacuna rusa Sputnik V a territorio argentino para combatir la pandemia de covid-19, que coloca al país sudamericano en el número 13 de la lista mundial de los países con mayor mortandad, detonó más interrogantes que certidumbres debido al sigilo del gobierno encabezado por Alberto Fernández.
Todo empezó el pasado 10 de diciembre, cuando el propio presidente argentino anunció la firma de un acuerdo con Moscú para la adquisición de la vacuna Sputnik V con el propósito de inmunizar a 10 millones de personas entre finales de ese mes y febrero.
Para infundir confianza entre los argentinos no dudó en declarar: «No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme».
A partir de ese momento, surgieron muchas preguntas en la prensa y en las redes sociales argentinas en torno a la seguridad, efectividad, costo y plazos de entrega de la vacuna rusa.
Tras la conferencia de Fernández en diciembre, un grupo funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat, el organismo que autoriza la aprobación de las vacunas en Argentina) viajó a Rusia para encontrarse con personal del centro Gamaleya, el laboratorio que creó la Sputnik V, y del RDIF (Fondo Ruso de Inversión Directa, que lo patrocina).
Para el 23 de diciembre, ANMAT recomendó la autorización de la Sputnik V pese a que no se han publicado los resultados de la fase 3 -etapa donde es probada en miles de personas para determinar su eficacia y seguridad-.
Por ello, parte de la comunidad científica argentina cuestionó la premura de ANMAT de autorizarla, alimentando sus reservas a que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil rechazó en un primer momento de aprobarla en su país, ante falta de documentos que la avalaran.
De acuerdo al diario Clarín, no hay “información completa” disponible para los periodistas o prestigiados investigadores e infectólogos, “sobre los resultados que el Centro Gamaleya y el RDIF recabaron hasta ahora con su vacuna”.
“Solo hay partes de prensa y un informe de la ANMAT filtrado el 27 de diciembre en las redes sociales (luego reconocido como “propio” por el organismo), con precisiones que alientan a usar la vacuna, pero que son insuficientes, en términos del rigor científico que se estila en estos casos”, señala Clarín, además que no tiene ni el aval de alguna revista científica de prestigio “y de los dos organismos reguladores de medicamentos más respetados del mundo: la FDA estadunidense y la EMA europea”.
En cuanto al dinero que tendrá que desembolsar el gobierno argentino, los datos sobre el costo de la vacuna Sputnik V son más herméticos y basados también en regulaciones y blindajes legales.
En una nota sobre la adquisición de la Sputnik V por parte de México, Clarín recuerda que “en Argentina, se gastarían 12 millones de dólares por las 600 mil dosis que se estarán comprando por ahora (…) y 400 millones de dólares por los 20 millones que asegura el gobierno que se van a adquirir”.
ledz
