En agosto de 2020 el gobierno de Tamaulipas presentó al Grupo de Operaciones Especiales, el grupo de élite de la Policía Estatal que con helicópteros, drones y la “mejor capacitación” harían frente a la delincuencia en esa entidad fronteriza. Sin embargo, la historia ha sido distinta y las denuncias contra estos elementos se acumulan. Ciudad Mier, Nuevo Laredo y recientemente Camargo, donde fueron asesinados 19 personas, entre ellos migrantes guatemaltecos.
Los elementos conocidos como GOPES, antes conocidos como CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas) acumulan quejas ante las autoridades de derechos humanos estatales y nacionales.
Hoy vuelven a estar bajo escrutinio público porque algunos de sus integrantes forman parte del grupo de uniformados señalados por la masacre de Camargo.
El gobernador del estado, Francisco Javier Cabeza de Vaca, presumió en agosto pasado a este grupo de élite, al destacar que sus elementos están certificados y fueron seleccionados previamente con base en sus capacidades y aptitudes, después de ser sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza.
Sin embargo, Raymundo Ramos, presidente del comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien documentó el montaje que orquestaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales para hacer pasar a ciudadanos por delincuentes y ejecutarlos, dijo que tras lo ocurrido en Camargo y la participación de 12 policías estatales, entre ellos elementos de los GOPES, es necesario que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Aseguró que no hay confianza en la actuación de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia de Tamaulipas.
“En esta región de Tamaulipas conocida como la frontera chica, hace más de un año la seguridad está a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de la policía estatal y existen una serie de quejas por abusos de autoridad, tortura y desapariciones forzadas que no son investigadas por la Fiscalía del estado”, destacó el defensor de derechos humanos.
Documentan agravios
El pasado 21 de enero, un día antes de lo ocurrido en Camargo, habitantes de Ciudad Mier denunciaron en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, además del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el “desplazamiento forzado de familiares por desapariciones del Grupo de Operaciones Especiales de la policía estatal de Tamaulipas”. Incluso solicitaron medidas cautelares.
En la carta de la cual tiene copia MILENIO, los habitantes de Ciudad Mier denunciaron que el 13 de enero realizaron una protesta por desapariciones forzadas de Luis Alberto Herrera y Jaime Santacruz, vecinos de esa comunidad, ocurridos el 6 de enero, presuntamente a manos de policías. Durante la protesta, llegaron seis vehículos de la policía estatal con pasamontañas y les apuntaron con armas largas.
“Los agentes de la policía y del grupo de operaciones especiales hicieron disparos al aire, nos golpearon con las armas en la cabeza y a despojarnos de nuestra ropa y pertenencias. Nos tuvieron así más de una hora y cuando se fueron nos dijeron que nos tenían bien identificados y que si presentábamos alguna denuncia nos iban a desaparecer a nosotros y a nuestros familiares”.
Incluso, los policías “amenazaron con subir nuestras fotos a las redes sociales y se burlaron en todo momento, diciendo que el gobernador estaba de su lado y no les iba a hacer nada”, relataron en la carta.
Ante las amenazas, los denunciantes se vieron obligados dejar Ciudad Mier. Otros prefirieron no denunciar por temor a las represalias.
Antes, el 8 de diciembre de 2020, la diputada del PT, Olga Juliana Elizondo presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, para exhortar al gobierno de Tamaulipas a implementar acciones, investigar y en su caso, sancionar violaciones a derechos humanos de ciudadanos por el Grupo de Operaciones Especiales.
En dicho punto de acuerdo, la legisladora federal destacó que “los ciudadanos tamaulipecos ven con preocupación que dicho cuerpo policial utiliza de manera arbitraria el poder con el que se dirigen y actúan ante la población, en el que se evidencia su falta de entrenamiento, coordinación, supervisión y control en su actuar que causan daños irreparables a la vida e integridad de las personas”.
Detalló casos de incursiones arbitrarias sin órdenes judiciales a domicilios, robo, golpes y agresiones a ciudadanos que se manifiestan por su actuación.
El Grupo de Operaciones Especiales está integrado por 150 elementos entrenados y capacitados para cumplir con misiones que requieren de alto nivel de especialización y profesionalización, con bases operativas en los municipios de Reynosa y Ciudad Victoria.
Cuenta con 3 helicópteros Robinson 66 Police de turbina, capaces de volar durante el día y la noche, con cámaras térmicas a bordo. Además de drones que pueden volar a 3 mil pies de altura durante periodos de hasta seis horas, para misiones de reconocimiento y seguimiento de objetivos.
También binomios caninos para la detección de drogas, armas, papel moneda y explosivos, así como para hacer labores de rastreo, guardia y protección, teniendo a su disposición también a más de 25 vehículos blindados y su personal es distinguido por una identidad diferente a la del resto de los cuerpos policiales en la entidad.
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