El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial, que establecen un esquema de sanciones severas para castigar el nepotismo de jueces y magistrados, que prevén la inhabilitación hasta por 20 años por la comisión de faltas graves.
Estas leyes actualizan la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual, prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.
En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Además, se impone un esquema de sanciones para personas físicas y morales, que van desde la sanción económica, inhabilitación hasta por ocho años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la Hacienda Pública Federal.
El titular del Ejecutivo federal señaló en su exposición de motivos que la iniciativa pretende mejorar el sistema de justicia con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial.
También, se sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados o nepotismo, estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta incluye también sanciones para las personas públicas e incluso para las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción, a través de integrantes del poder judicial.
La iniciativa busca aligerar la carga de los trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda enfocarse en sus facultades constitucionales en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional, al señalar que “es menester que ya no conozca de controversias o trámites que involucren una mera cuestión de legalidad”.
En ese sentido, los Plenos Regionales, que sustituyen a los Plenos de Circuito, tendrán a su cargo resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción y todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre los órganos jurisdiccionales.
LP
