Primero fue el juez segundo de distrito en materia de competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó dos suspensiones provisionales ante amparos promovidos por empresas contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica. El mismo juez determinó que estas suspensiones no se limitarían a las empresas promoventes, sino que, en un afán de mantener la competencia, se harían extensivas a otras firmas privadas que operan también en el sector eléctrico. Después vinieron otros amparos. El juez primero de competencia económica otorgó varias de las nuevas suspensiones.
No sorprende en realidad que los jueces hayan otorgado los amparos. La Constitución establece en su artículo 28 que la generación de electricidad no debe estar sometida a un monopolio estatal. El presidente López Obrador debió haber cambiado la Constitución antes de promulgar la nueva ley, pero al parecer no lo consideró necesario. Las empresas afectadas por este cambio retroactivo de las reglas del mercado eléctrico podrán también acudir a arbitrajes internacionales e incluso a la Comisión y a la Corte Interamericanas de derechos humanos, ya que la modificación retroactiva de las leyes para perjudicar a empresas que ya realizaron inversiones se considera una expropiación sin indemnización, lo cual es una violación fundamental del estado de derecho.
El presidente, sin embargo, enfureció con los fallos y mandó una carta al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien también encabeza el Consejo de la Judicatura, pidiendo su intervención para investigar el proceder del juez Gómez Fierro. Zaldívar respondió simplemente que había encauzado la petición a la Judicatura, para que determinara si había razones para suponer alguna irregularidad en la actuación del juez, pero recalcó la importancia de la autonomía de los jueces, como lo determina la Constitución.
Lo curioso del caso es que no hay ninguna razón para pensar que el juez Gómez Fierro tenga alguna animadversión contra López Obrador. En por lo menos otras dos ocasiones ha fallado a favor de las causas del presidente, como cuando determinó que un particular no podía detener la consulta de 2018 que usó de excusa para cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Es muy posible que siempre haya habido presiones del poder ejecutivo a los jueces del país, pero nunca se había visto un intento tan abierto de intimidar a un juzgador por sus fallos. Al final debería prevalecer su criterio. Si el presidente quiere reimponer el monopolio de electricidad que la CFE tenía en los tiempos del viejo PRI, primero tendrá que cambiar la Constitución.
