Este fin de semana conocimos la noticia del fallecimiento de una mujer que horas antes había sido detenida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo.
Un hecho doloroso por donde se le vea: una persona civil fallecida, cuatro policías encarcelados y mandos destituidos del cargo.
De acuerdo a la información difundida por la Fiscalía del estado, tres hombres y una mujer policías, responsable de la acción policial, fueron detenidos. La causa de la muerte de la víctima, de nombre Victoria Salazar, fue una fractura en la parte superior de la columna vertebral.
El saldo adicional al lamentable fallecimiento es de al menos cinco familias agraviadas.
¿Por qué la referencia a cinco familias? Porque también las familias de la y los policías salen perdiendo, amén de ellos mismos.
El anuncio hecho por la Fiscalía no señala dolo, sino un procedimiento mal aplicado. Es la pesadilla de cualquier corporación, por grande o chica que sea.
Me atrevo a afirmar que cuando se difundieron las imágenes de la detención, en la mayoría de las y los policías, se generó un dolor solidario, al saber cuál será el fin de quienes al hacer uso de la fuerza, se equivocaron.
¿Este error mortal es culpa solo del mando y de los cuatro policías? ¿Hay más actores a quienes se les podría señalar como responsables, derivado de sus decisiones en materia de políticas públicas y presupuesto, por ejemplo?
El Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), ERA (así, en pasado) un monto que se otorgaba a los municipios con el objetivo primordial de apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de policías, con un enfoque especial en el desarrollo humano. Entre las vertientes prioritarias de capacitación se incluían los derechos humanos y la perspectiva de género.
En el presupuesto nacional 2020, se destinaron 3 mil 922 millones de pesos, lo que representó un 3% menos que el año anterior y un nuevo recorte de municipios beneficiarios.
Para el ejercicio 2021, este presupuesto desapareció.
En el caso del municipio de Tulum, desde el año 2019, las decisiones del Poder Legislativo lo sacaron de la lista.
A pesar del crecimiento en población, economía y turismo de Tulum, se decidió que no era importante que su corporación policial, la que resulta la primera respondiente en la mayoría de las ocasiones, fuera apoyada.
En fuentes abiertas se encuentra una declaración del 2019 de su presidente municipal, Alberto Portilla, donde advertía su preocupación por quedarse sin este recurso para mejorar el salario de los policías, que de por sí eran escasos, por el poco interés de pertenecer a la corporación, “porque no consideran que valga la pena poner en riesgo su vida por salarios ínfimos”. Y si, un sueldo de alrededor de 10 mil puede ser poco atractivo para poner en riesgo la vida y también la libertad.
Para lograr la desaparición del Fortaseg 2021 (entre otros programas) con recursos destinados a la capacitación policial y su equipamiento, se contó con 297 votos a favor y 133 en contra.
Y así, desde una cómoda curul, se deja solo al policía desde el presupuesto y la política pública, para luego quemarlo en leña verde cuando su capacitación no le alcanza para aplicar de forma adecuada los protocolos y una persona pierde la vida.
Y seguramente serán los mismo 297 personajes que condenarán a la Policía, sin entender que son corresponsables de esta tragedia.
Peor aún, es el pretexto perfecto que encontrarán para seguir minando las instancias civiles de seguridad, asegurando que “no sirven”.
Aquí los menos culpables, son los policías. Que en su conciencia quede.
Sophia Huett
