Organismos internacionales de defensa de los migrantes y de las mujeres hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que lleve a cabo una investigación pronta y eficaz del homicidio de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, ocurrido en Tulum, Quintana Roo, a manos de policías municipales.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que en el sometimiento de Victoria hubo un “uso de la fuerza contrario a los estándares internacionales”, al mismo tiempo, condenaron el crimen.
Por ello, hicieron un llamado “a llevar a cabo una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de derechos humanos en la materia, como el Protocolo de Minnesota, para la investigación de muertes potencialmente ilícitas”.
Las organizaciones firmantes que condenaron tal asesinato son: Entidad de las Naciones Unidades para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México (ONU Mujeres), la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), la Oficina en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Dana Graber, representante de la OIM en México, señaló que “la muerte de Victoria es lamentable y evidencia las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México. Estamos ante un caso de doble discriminación de la víctima, por el hecho de ser mujer y por su condición de persona migrante”.
“Este trágico desenlace jamás debió haber ocurrido y pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de determinar las responsabilidades correspondientes, y por el otro, de implementar medidas para garantizar la no repetición”, resaltó.
Por parte de Acnur, Giovanni Lepri expresó su consternación al tratarse de una mujer refugiada que, “como muchas otras mujeres centroamericanas, se ven forzadas a salir de sus países por situaciones de violencia y persecución”.
“La mujer asesinada por los policías tenía el status de refugiada en México y con su muerte dejo en la orfandad a dos hijas menores de edad”, destacó.
Las organizaciones internacionales, recordaron que la policía municipal de Tulum tiene numerosas quejas en contra en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que pidieron atender y dar respuesta a dichas inquietudes.
Por su parte, Belén Sanz Luque, de la ONU Mujeres en México, hizo un llamado al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones en materia internacional y a respetar el marco normativo nacional que “explícitamente establece que las instituciones de seguridad deberán contar con protocolos y procedimientos de actuación, incluido el uso de la fuerza, que tenga perspectiva de género y protejan los derechos humanos, y que sus elementos deberán estar adecuadamente capacitados para su implementación”.
LP
