Los servidores de la nación, un ejército de aproximadamente 20 mil funcionarios públicos, se han convertido en personajes cada día más sospechosos.
Antes han cuestionado a ese ejército que porta chalecos morados —el mismo que distingue al partido Morena— varios congresistas de la oposición, Coneval y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Recientemente, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) se sumó al cuestionamiento, ordenando una investigación a fondo sobre su posible participación en actos de propaganda gubernamental.
Estos funcionarios son los responsables de elaborar el padrón único de beneficiarios de los programas sociales de la Federación y, últimamente, se les encargó también operar en el terreno de la campaña de vacunación contra el coronavirus.
Los detractores del gobierno afirman que este numeroso grupo de individuos tiene como misión verdadera repartir bienes públicos con una intención clientelar: tanto los apoyos derivados de los 12 programas del gobierno federal destinados a las personas y las familias más vulnerables como las vacunas estarían siendo —se argumenta— distribuidos en función de criterios partidistas.
La investigación del TEPJF habría de despejar si, en efecto, está ocurriendo un intercambio de favores por votos y también si los servidores de la nación coordinan esa presunta operación ilegal.
La sospecha sobre su verdadero mandato flota en el debate público prácticamente desde que dio comienzo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la primera evidencia robusta presentada en contra suya encontró visos de veracidad con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, presentados por la ASF.
De acuerdo con esta dependencia, el censo del bienestar elaborado por los servidores de la nación durante el primer año de la gestión lopezobradorista siguió una metodología preocupantemente errada.
En vez de censar casa por casa para determinar quiénes debían ser las personas beneficiarias de los programas sociales, los servidores de la nación seleccionaron a unos cuantos sujetos por comunidad para que fuesen ellos quienes propusieran los nombres.
Esta metodología, conocida como bola de nieve, fue un desastre: hay evidencia de que los servidores de la nación inventaron personas que no existían, inflaron el listado de beneficiarios en las comunidades, resucitaron muertos y mataron gente viva que debía ser susceptible de apoyo.
De acuerdo con la ASF, el error inicial fue de 8 millones de sujetos inscritos que, a la hora de verificar su existencia, resultaron gente fantasma.
Si bien es cierto que estos errores han venido corrigiéndose, también lo es que la metodología utilizada, los yerros y la sospechas sobre la neutralidad política de los servidores de la nación han inflado, en conjunto, una crisis de legitimidad sobre las tareas encomendadas.
La investigación ordenada por la Sala Superior del TEPJF tendría que comenzar por una revisión a la trayectoria política de los servidores de la nación. Es clave descartar que, antes de convertirse en funcionarios públicos, tales individuos no hubiesen sido promotores del voto a favor de Morena o, previamente, integrantes de las brigadas que promovieron la afiliación a dicha fuerza política, cuando ese partido estaba buscando su registro ante el INE.
Sería grave que promotores del voto hubiesen sido premiados con un puesto en el gobierno federal, a partir de diciembre de 2018, y que ese empleo hubiere, además, implicado como condición continuar haciendo propaganda a favor del partido morado.
Porque el presidente López Obrador tiene prometido a la nación que su gobierno se encargará de erradicar el fraude en las elecciones, si los servidores de la nación fuesen en realidad operadores políticos que antes aseguraron votos a favor de Morena y que en el presente continúan trabajando con la misma divisa, la promesa presidencial sería una gran mentira.
Al respecto flota una pregunta inquietante: ¿por qué cuando estaban levantando el censo del bienestar, los servidores de la nación no recorrieron una por una las viviendas de los municipios más pobres?
Es necesario combatir la posibilidad de que, en vez de ello, en 2019 los siervos de la nación hayan contactado a los líderes de las comunidades que promovieron el voto por Morena en 2015 y 2018 para delegar sobre esas personas la selección de las y los beneficiarios de los programas sociales.
El Tribunalhace bien en investigar desde ahora las dudasque pesan sobre este grupo
No se valdría que quienes integran el nuevo censo único hayan sido beneficiados, no tanto por su condición de vulnerabilidad, sino por sus filias políticas explícitas. Esto implicaría que otras personas igualmente necesitadas de apoyo, pero sin vínculo con los líderes consultados, hubiesen quedado fuera del censo.
De acuerdo con el presidente López Obrador, los programas destinados a las personas más pobres del país suman, en total, una derrama por año de más de 300 mil millones de pesos provenientes de los bolsillos de las y los contribuyentes.
Si esos recursos fuesen utilizados deliberadamente para favorecer a un partido, o peor aún, para extorsionar —a partir de las necesidades materiales— a quienes no estuviesen en ánimo de votar por determinada fuerza política, la libertad para sufragar y la equidad de la contienda sufrirían un daño tan inmoral como políticamente difícil de reparar.
Hace bien el TEPJF en investigar desde ahora las sospechas que pesan sobre los chalecos morados. Mejor prevenir antes de que sucedan los comicios de junio de este año, que enfrentar una catarata de recursos jurídicos en contra de los servidores de la nación, de sus jefes en la administración pública y de los líderes del partido mayoritario. _
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
