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Ante una justicia elitista, igualemos la cancha

por Redaccion

Acceder a una justicia efectiva y de calidad en nuestro país —y en todo el mundo— sigue siendo un privilegio de las élites económicas y sociales. Obtener la protección de un tribunal que dirima las controversias y que tutele los derechos involucrados, es algo que generalmente está al alcance de quienes pueden pagar una defensa o asesoría jurídica de calidad. Para el resto, el sistema de impartición de justicia es percibido como una maquinaria al acecho, lista para aplastar a las personas más pobres y vulnerables. Mientras esta realidad persista, la idea de que los derechos son universales y de que asisten a toda persona por el simple hecho de serlo, seguirá siendo una promesa incumplida.

Bajo mi presidencia, en el Poder Judicial de la Federación hemos venido trabajando intensamente para cambiar el paradigma de acceso a la justicia, a través de un binomio conformado por el servicio de defensoría pública y la renovación del perfil de las personas juzgadoras.

Así, en el Instituto Federal de Defensoría Pública hemos revolucionado la calidad y el alcance del servicio público que brindamos, para llegar a todos los rincones del país con un cuerpo de personas defensoras y asesoras mejor preparadas y comprometidas, que cumplan con la misión de llevar la justicia federal a las personas más necesitadas. El número de lenguas indígenas en las que se presta el servicio pasó de 39 a 140 en estos dos años y medio, y existen ahora delegaciones del Instituto en todas las entidades federativas. De esta manera hemos logrado acercar a la población los criterios interpretativos del Poder Judicial de la Federación, así como la cultura de los derechos humanos que desde la reforma constitucional de 2011 ha transformado la manera como opera el derecho. El nuevo servicio de defensoría y asesoría pública aporta una perspectiva novedosa a la resolución de los conflictos, lo que contribuye decisivamente a la efectividad de los derechos.

El segundo componente del binomio tiene que ver con el perfil de las personas que imparten justicia federal. Estamos formando y capacitando una nueva generación de personas juzgadoras con sensibilidad humana y social, conscientes del papel fundamental que cumplen en la materialización de los derechos. Una generación paritaria y diversa de jueces, juezas, magistrados y magistradas, en la que cada quien contribuya con su visión y experiencia para enriquecer el ejercicio de la función jurisdiccional. Esta renovación es crucial para transitar de la era del desarrollo jurisprudencial y la expansión de los derechos, a una era de la efectividad en el goce de los mismos.

Estos dos impulsos han guiado los esfuerzos institucionales de la judicatura federal durante esta administración y son también el eje de la reforma judicial de este año. El fortalecimiento de la carrera judicial, la paridad, la lucha contra la corrupción y el nepotismo, la refundación de la escuela judicial, la ampliación de los servicios de defensoría y la unificación de los esfuerzos de capacitación, al igual que el fortalecimiento de la Corte como máximo intérprete de la Constitución, son modificaciones en el ámbito de lo institucional, pero cuyo impacto sustantivo se hará sentir pronto.

De esta manera, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la reforma judicial de 2021 se entrelazan en torno al elemento humano, en el sentido de que la primera amplió el universo de derechos de los que las personas son titulares y la segunda hará posible que puedan gozar efectivamente de ellos. La primera modificó el paradigma del derecho constitucional y la segunda permitirá que ello tenga implicaciones prácticas en el día a día de la ciudadanía.

Así es como la reciente reforma impactará en beneficio de las personas: emparejando la cancha para que la justicia deje de ser privilegio de unos cuantos, sino un derecho de todas y todos. Esa ha sido siempre mi visión como juez constitucional y ahora como cabeza del Poder Judicial de la Federación. Solo poniendo todas las herramientas normativas, interpretativas e institucionales al servicio de las personas más desprotegidas será posible revertir la desigualdad histórica, desgarradora y persistente que les niega un trato digno.

Arturo Zaldívar

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