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Ley como circo

por Redaccion

De entre todas las consultas que ha montado López Obrador, esta será la primera que se hará bajo supervisión del INE y con posibilidad de hacerse vinculante en caso de alcanzar 40 por ciento de participación del electorado en el padrón. Eso no quiere decir que las anteriores, carentes de rigor metodológico, no hayan abordado asuntos importantes: las hechas para avalar la carísima cancelación del AICM o el arranque del elefante blanco que es el Tren Maya solo contaron las manos alzadas a modo de la voluntad de un presidente que necesita vender sus decisiones caprichosas y tóxicas como vox populi.

En este caso, la higiene de las formas no puede limpiar el desaseo de fondo: si bien la idea es darle de palos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la primera y más clara redacción de la pregunta fue desechada por la Suprema Corte por la misma razón que todo el tinglado es una completa sinrazón: la justicia no puede someterse a consulta. Quedó entonces este enredo carente de significado: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

¿Por qué no López, si considera que los anteriores mandatarios cometieron delitos, no les lanza a sus fiscales como acostumbra hacer con tanta soltura contra sus enemigos políticos? Nada se lo impide, nunca se ha necesitado consulta alguna para abrir procesos, basta con que haya evidencias suficientes, y en México incluso sin ellas. ¿Por qué de repente le parece necesario que la aplicación de la ley se someta a la veleidad popular?

Pues porque, en el mejor de los casos, la intención de López Obrador nunca ha sido aplicar la ley, sino hacer de sus revanchas y resquemores un circo de propaganda. El problema es que sus shows no son precisamente edificantes, y sus costes los pagamos nosotros: al INE le fueron etiquetados la mitad de los recursos que solicitó para el ejercicio —890 millones—, pero no le fue entregado ni un solo peso, con el resultado que ha tenido que echar mano de dinero antes destinado para otros servicios. Con todo, se podrán instalar solo 57 mil mesas, en lugar de las más de 162 mil que hubo en la última elección regular.

En el peor de los casos, lo que la consulta dejará es el entendido de que la ley y la justicia deben someterse a los caprichos populares que, en este caso, quiere decir a los de quien se presenta como el portavoz de la voluntad del pueblo. No olvidemos que la siguiente “consulta” que tendremos será la de revocación de mandato que, siempre que lo pida “el pueblo”, con una facilidad pasmosa puede convertirse en extensión del mismo, faltaba más.

Al final, cuando llegue la hora de resarcir el dinero, los daños y las vidas a cuenta de la presidencia más tóxica del México moderno, ¿quién será el responsable de pagar? Para este presidente, la respuesta es clarísima: el pueblo.

Roberta Garza

@robertayque

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