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Libertad de expresión sin estigma

por Redaccion

Organizaciones de la sociedad civil solicitaron la interlocución de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para establecer mesas de diálogo con el gobierno mexicano, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la sección “Quién es quién”, espacio que pretende dar una respuesta a las noticias presuntamente falsas, cada miércoles, dentro de la conferencia matutina que ofrece el mandatario.

Esta determinación del gobierno federal ha traído una ola de críticas y alertas, tanto de diversos actores nacionales como de los organismos internacionales, que han hecho un llamado al Estado mexicano para evaluar el impacto de esta estrategia de comunicación en la vida pública.

Pedro Vaca Villarreal, relator especial de la libertad de expresión de la CIDH, en la audiencia No. 21 del 180 periodo de sesiones de esta Comisión, señaló que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión de quienes coinciden o tienen identidad con el gobierno, pero también, de aquellas personas que tienen posiciones divergentes.

En este sentido cuestionó si el Estado mexicano conoce los principios bajo los cuales se certifican a los “chequeadores”, aludiendo al trabajo que realiza la Red Internacional de Verificación de Datos Poynter, la cual promueve mejores prácticas e intercambios entre la comunidad que realiza fact-checking. Además solicitó información para saber si el espacio “Quién es quién” cumple con este requisito.

Otro aspecto que quedó sin respuesta en esta audiencia es si el Estado tiene previsto algún protocolo o mecanismo en caso de alguna equivocación, pues esta medida puede afectar las garantías para un debate libre e informado y suma a la estigmatización del trabajo periodístico. 

El relator hizo hincapié en que los señalamientos no pueden trazarse bajo la culpabilidad o la represión.

En conclusión las autoridades tienen derecho a defenderse de las críticas y ofrecer su versión de los hechos; sin embargo, el dilema se encuentra en cómo se puede distinguir entre una defensa de una posición pública y un discurso que estigmatice y vulnere la libertad de expresión, derecho que el propio Estado está obligado a garantizar.

@nonobarreiro

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