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Espiar a los ciudadanos

por Redaccion

Es perfectamente entendible que los Estados dispongan de mecanismos para obtener información sobre actividades que puedan representar una amenaza. Imaginemos, simplemente, que un grupo terrorista está preparando un sangriento atentado y que las fuerzas policiacas logran impedirlo gracias a que llevaron a cabo escuchas telefónicas e intervenciones de mensajes. Lo mismo se puede decir de las mafias criminales y, en principio, esta vigilancia con propósitos preventivos debería extenderse también a los sujetos sospechosos de perpetrar delitos como el secuestro y la extorsión, aunque ahí el tema se complica bastante porque no estamos hablando de una lucha emprendida contra organizaciones constituidas sino de acciones dirigidas a neutralizar a individuos particulares. Se diluye ahí la frontera que separa el imperativo de salvaguardar la seguridad nacional —y la paralela y primerísima obligación que tiene el Estado de combatir a los delincuentes para garantizar el derecho ciudadano a vivir en paz— de otra prerrogativa apuntalada por la democracia liberal, a saber, la soberanía individual.

Justamente, el espionaje puede ser también una herramienta para perseguir a los opositores o para acallar a las voces críticas y, en este sentido, la indefensión en que se encuentra la persona cuando un sistema totalitario utiliza ese medio debería de llevarnos a levantar unánimemente nuestras voces para condenar tales prácticas.

Sabemos, sin embargo, que el aparato gubernamental de este país lleva décadas enteras espiando a periodistas, a empresarios, a los adversarios políticos y a los propios integrantes del aparato público con fines que no parecen enteramente claros, aunque al final todo se reduce a una cuestión: disponer de elementos para controlarlos y, llegado el momento, proceder a acciones de intimidación o, peor aún, emprender maniobras clandestinas dirigidas a la neutralización pura y simple de los individuos incómodos.

En lo que toca al hardware utilizado pues, miren ustedes, la contratación de los servicios de tal o cual empresa —israelí o de donde fuere— terminó siendo, como siempre, una oscura historia de corruptelas, comisiones ilegales y pagos desorbitados. Un pretexto, o sea, para llenarse los bolsillos. Nada nuevo bajo el sol…

Román Revueltas Retes

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