mayo8 , 2021

SFP propone regreso de burócratas a oficinas hasta el 30 de julio

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El gobierno federal prevé ampliar nuevamente la modalidad de trabajo a distancia y escalonado que comenzó desde marzo del año pasado para evitar contagios de covid-19 en las oficinas públicas, hasta el próximo 30 de julio.

El último anuncio hecho por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Diario Oficial de la Federación, a principios de este año, estableció hasta el 30 de abril el periodo en el que los servidores públicos podrían seguir laborando desde casa como parte de las medidas adoptadas ante la pandemia de covid-19.

De acuerdo con un anteproyecto enviado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), que se prevé sea publicado de manera oficial en el DOF en los próximos días, se reitera que podrán seguir realizando trabajo a distancia en aquellos casos en los que sea posible y no se altere el debido cumplimiento de sus funciones, en especial las personas con discapacidad, mujeres embarazas o en lactancia.

En esta ocasión, el argumento para mantener el home office es que la estrategia nacional de vacunación prevé cinco fases, cuya conclusión se proyecta hasta el primer trimestre de 2022, “por lo que el avance de la misma, en conjunción con la observancia de las medidas sanitarias, permitirán el regreso paulatino y ordenado de las labores presenciales en el servicio público”.

“No obstante de lo anterior, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación covid-19 externo a la Secretaría de Salud, ha recomendado que la vacunación no se tome como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad, sobre todo en las etapas iniciales, por lo que deberán mantenerse todas las demás medidas de contención de la epidemia de probada eficacia, accesibles y factibles”, reza el documento.

Por ello, detalla que “resulta necesario reactivar las actividades inherentes a la función pública, bajo el principio de la buena administración que propicie un escenario paralelo y que sin demérito de la seguridad en la salud de las personas servidoras públicas en correlación al proceso de evolución de la pandemia, es imprescindible continuar con el trabajo en casa de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal.

Por ello, en aquellos casos en que sea posible, sin alterar el  cumplimiento de sus funciones y aquellos casos en que no sea factible, deberán acudir en días y horarios escalonados, en concordancia con las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.

Hasta ahora, las medidas han considerado que no realicen trabajos desde las oficinas los servidores públicos que padezcan enfermedades crónicas como obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, asma, enfermedades cerebrovasculares, infección por VIH, enfermedades renales crónicas o que estén en tratamientos de cáncer.

El documento detalla que “durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo y el 30 de julio de 2021, con la finalidad reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, de conformidad con las necesidades del servicio y sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales, las personas Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas” diferentes modalidades de trabajo.

Entre ellas están el trabajo a distancia, en aquellos casos en los que sea posible, con especial énfasis en los servidores públicos con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud.

Además, el proyecto insiste en la posibilidad de que haya días de trabajo presencial alternados, procurando asegurar en todo momento las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud (Ssa).

En estas medidas quedan excluidas las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de las instituciones y autoridades que participen en seguridad y la Guardia Nacional, así comotodos los organismos que presten servicios públicos de salud y protección civil.

​LP

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